Las recientes declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos, quien aseguró haber intercedido ante la justicia de Estados Unidos para garantizar inmunidad diplomática al también expresidente Álvaro Uribe, han generado controversia y debate en Colombia.
En declaraciones públicas, Santos afirmó que habría intervenido para proteger a Uribe de un posible llamado de los tribunales estadounidenses por presuntas violaciones de derechos humanos. Esta declaración provocó reacciones inmediatas de figuras prominentes en la escena política colombiana.
El expresidente Uribe respondió con ironía a través de su red social Twitter, indicando que se acababa de enterar de la intervención de Santos y que, de haberlo sabido, se habría ahorrado el dinero que pagó a su abogado cuando enfrentó acusaciones relacionadas con el asesinato de trabajadores de la compañía Drummond.
Iván Duque, otro exmandatario colombiano, se sumó a las voces expresando que la defensa legal de Uribe fue ejercida por el abogado Gregory Craig, quien también sirvió como secretario jurídico durante la administración de Barack Obama. Duque aclaró que la inmunidad otorgada a Álvaro Uribe en Estados Unidos se basa en doctrinas y precedentes judiciales, subrayando que fue resultado de una decisión judicial y no de actos generosos.
En medio de estas declaraciones, Uribe compartió el comentario de Duque y calificó a Santos como “mentiroso”, cuestionando las razones y la veracidad de las afirmaciones del expresidente.
Estas revelaciones han generado controversia y han puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones políticas en Colombia, despertando debates sobre ética, justicia y la interacción entre expresidentes en asuntos legales. La situación podría tener implicaciones significativas en el panorama político del país sudamericano.
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