El Gobierno Nacional anunció este lunes un presupuesto estimado de 1 billón de pesos destinados al arrendamiento de vehículos blindados para la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Este gasto, que se llevará a cabo desde 2024 hasta 2026, ha generado interrogantes y reflexiones sobre la necesidad y proporcionalidad de dicha inversión.
Según datos revelados por el Gobierno, el incremento en la demanda de vehículos blindados es sustancial, pasando de la necesidad de 4.654 unidades en 2024 a un total de 7.450 en 2026. Este aumento plantea preguntas sobre la justificación de tal expansión y la naturaleza de las amenazas o riesgos que motivan esta inversión.
Además del arrendamiento, se ha mencionado que se están realizando adquisiciones de vehículos blindados, lo que podría elevar aún más los costos asociados con la seguridad de la UNP.
El anuncio del Gobierno fue denunciado por el concejal de Bogotá Daniel Briceño en su cuenta de Twitter. Briceño cuestionó la necesidad de este gasto, argumentando que es una “escandalosa pérdida de recursos públicos”.
Briceño también criticó la falta de transparencia en la toma de decisiones del Gobierno. “Para que reflexionemos sobre el gasto en vehículos blindados en la UN”, dijo.
“¿Todas las personas que tienen una camioneta blindada en la actualidad realmente la necesitan? El anterior valor solo incluye el vehículo. Recuerden que para cada uno hay que sumarle los gastos asociados al esquema de seguridad, conductor y hombres de protección.”, comentó.
La denuncia de Briceño ha generado un debate en la opinión pública. Algunos sectores han apoyado sus críticas, mientras que otros han defendido la inversión del Gobierno.
La discusión en torno a la cantidad y el costo de los vehículos blindados destaca la importancia de un diálogo abierto y constructivo entre el Gobierno y la ciudadanía, asegurando que las inversiones en seguridad estén respaldadas por análisis exhaustivos y la participación de diversos actores en el proceso de toma de decisiones.
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